El difícil camino para la paz en Colombia

La Jurisdiccion Especial para la Paz (JEP) –tribunal especial creado por el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016– acuso a finales de enero de este ano a ocho lideres de la exorganizacion armada de haber promovido el secuestro como practica masiva y sistematica, sometiendo a las victimas y a sus familias a violaciones de derechos humanos. Pocos dias despues, la JEP anunciaba que investigaria a miembros del ejercito colombiano por crimenes graves. El ejercito habria ejecutado, al menos, a 6.402 civiles inocentes a los que presento como guerrilleros ante la opinion publica, para dar la falsa impresion de que estaba ganando la guerra contra las FARC. Estas ejecuciones extrajudiciales son conocidas en Colombia como “falsos positivos”. El 78% de esos crimenes se cometieron entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Alvaro Uribe. La JEP, la Comision de la Verdad y la Unidad de Busqueda de Personas Dadas por Desaparecidas forman el mecanismo de justicia integral establecido en el acuerdo firmado en La Habana en 2016, con el fin de que se cumplan los denominados “derechos de las victimas”. Los tres organismos son complementarios, pero la JEP es el unico con capacidad de juzgar crimenes de guerra y de lesa humanidad. La JEP, segun su definicion oficial, tiene la funcion de administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado. Su existencia no podra ser superior a 20 anos y su trabajo se enfoca en los delitos mas graves y representativos del conflicto armado, en particular aquellos cometidos por excombatientes de las FARC, miembros de la fuerza publica, otros agentes del Estado y terceros civiles. Segun la Corte Constitucional, la participacion de estos ultimos…